AYSÉN[1]
por Carlos Alvear[2]
Parto esta columna definiéndome como un
santiaguino de nacimiento y un Patagón por adopción.
El conflicto de Aysén que, pronto va a cumplir
un mes, se viene germinando hace años, la falta de conectividad y muchas veces
olvido en que está inmersa la Región repercute en el costo de la vida. Las
distintas administraciones de gobierno nunca han entendido la real magnitud del
problema de aislamiento, asimetría en los ingresos, la calidad del empleo, o la
necesidad de una universidad regional, etc.
La gente está frustrada y esa sensación hizo un
breve camino desde la desesperación a la indignación por la falta de
entendimiento del actual Gobierno, cuando el Subsecretario Ubilla viaja a la
Región y los dirigentes se dan cuenta que no manejaba la información y, por
consecuencia, la naturaleza del conflicto. Se perdió la paciencia y la
confianza en las autoridades públicas. La llegada del Ministro de Salud sirvió
para generar algunos anuncios importantes como son la concreción del anhelado
hospital de Aysén. Sin embargo, esto no obedece a un plan de desarrollo
estratégico para la Región, sino más bien, se trata de pequeñas píldoras para
calmar el conflicto. Mientras tanto, el Gobierno envía aviones con fuerzas
especiales y guanacos para reprimir el conflicto con muestras claras de apostar
al debilitamiento del movimiento.
El problema de Aysén es más complejo que la
construcción de un hospital público o las cuotas de pesca. El problema pasa,
porque las autoridades accedan a las propuestas del movimiento social y
entiendan que la Región necesita el diseño de un plan estratégico generado en
conjunto con quienes viven en Aysén y no sin ellos desde un despacho en
Santiago.
A modo de ilustración, el costo de vivir en una
zona austral es 30% más caro que en Santiago, a eso usted debe agregar que
muchas personas viven con el sueldo mínimo en el sector privado de servicios,
familias que viven de la leña que cortan en verano, u otros que trabajan en las
pesqueras en largas jornadas en galpones húmedos. La asimetría en los sueldos
es violenta cuando hay determinados cargos públicos que, además, reciben una
asignación de zona. El costo de la gasolina es desigual, con precios de margen
muy distorsionados entre algunas localidades, llegando a más de mil pesos en
Villa O´Higgins y Cochrane, y más de mil trescientos pesos en zonas del litoral
más extremo como Puerto Aguirre y Puerto Gala, o las Guaitecas, en circunstancias que en
Puerto Chacabuco el costo es de aproximadamente ochocientos cincuenta pesos.
En otras palabras, vivir en Aysén es más caro y
el aysenino es quién paga el costo real del traslado del combustible, ya sea
por mar, o por tierra.
La disminución de las cuotas de pesca artesanal,
el costo de la extracción, los bajos precios, que afectan a tres mil pescadores
sólo reflejan (sic) un problema más de fondo.
El problema de Aysén es más complejo que la
construcción de un hospital público o las cuotas de pesca. El problema pasa,
porque las autoridades accedan a las propuestas del movimiento social y
entiendan que la Región necesita el diseño de un plan estratégico generado en
conjunto con quienes viven en Aysén y no sin ellos desde un despacho en
Santiago.
Es preocupante, pero también nos ilustra el ver
algunas opiniones como la columna de un ex Ministro de este Gobierno titulada
“El incendio patagónico”, al sostener que si el Ejecutivo cede a presiones como
en el caso de Barrancones o ahora Aysén, el Gobierno debe abstenerse de
comportamientos oportunistas y, por ello, insta a no caer en estas tentaciones,
señalando: “El Ejecutivo no se jugó por buscar una reputación de hacer
prevalecer el orden público y sus propias políticas a como de lugar, para
cortar la sucesión de estallidos…”; o también las opiniones del Ministro de
Salud que señala que hay agitadores profesionales que agudizan el conflicto.
Sin embargo, creo que ha quedado de manera
manifiesta que este Gobierno y los anteriores no tienen un plan para Aysén, es
más, sólo recuerdan la Región cuando deben dar apoyo a proyectos que atentan
contra uno de los pocos territorios vírgenes del país como fue en su momento
Alumysa que quería construir una planta para la producción de aluminio,
argumentando que ofrecería 2 mil 600 puestos de trabajo, en circunstancias que
el sector turístico ofrece 8 mil plazas, según datos de la Cámara de Comercio,
Servicios y Turismo de Chile.
Las propuestas del movimiento social por la
Región de Aysén, buscan romper el aislamiento y agregar algo de equidad. El
conflicto no tendrá solución mientras el Ejecutivo no envíe una autoridad con
real capacidad resolutiva, requerimientos que no cumple la Intendenta Regional,
toda vez que, por si no lo recuerdan, Chile es un país centralista y ella
también depende de Santiago.
[1] Fuente: http://www.elmostrador.cl. Revisado:
05/03/12.
[2] Abogado de la UCEN.
Vicepresidente de la Organización para la cooperación y acción social
interamericana (OCASI).
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