sábado, 28 de abril de 2012


Costa Rica: “Laura Chinchilla gobierna para los banqueros y para los ganadores del modelo neoliberal”

Por Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica

 28/04/12

El diputado José María Villalta, del Frente Amplio de Costa Rica, realiza un balance de la gestión de la presidenta Chinchilla  a mitad de su mandato de cuatro años. Además, analiza la coyuntura  de un país donde el discurso de “la felicidad” –con el que los grupos hegemónicos intentan disfrazar una realidad conflictiva- ya no da más para encubrir las crisis política, económica, ambiental y social.

 A dos años de su llegada al poder, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su gestión: tanto las escuestas de opinión realizadas por firmas consultoras, como el pulso ciudadano que dan las distintas movilizaciones y manifestaciones sociales, muestran un creciente malestar y descontento de los costarricenses con la situación del país.

Un estudio presentado recientemente por una empresa consultora internacional ubicó a Chinchilla, del Partido Liberación Nacional (PLN), como la presidenta latinoamericana con menor porcentaje de aprobación (solo un 26%), por debajo incluso del chileno Sebastián Piñera. Y una encuesta publicada esta semana en Costa Rica reafirma esa tendencia: 44% de los entrevistados califican al gobierno de Chinchilla como malo o muy malo, al tiempo que señalan la falta de liderazgo, la ausencia de resultados concretos y la corrupción en su gabinete de ministros, como las principales deficiencias.

Esta percepción la comparte el diputado José María Villalta, del Frente Amplio (FA), única fuerza política de izquierda con representación legislativa en Costa Rica, quien considera que “para las grandes transformaciones que necesita el país, los dos últimos han sido años perdidos, se siguió aplicando lo peor de la administración del expresidente Oscar Arias”.

Para analizar la actual coyuntura política y sus perspectivas a mediano plazo, Con Nuestra América conversó con el diputado Villalta en su despacho legislativo, en cuyas paredes destacan los retratos del Che Guevara, Salvador Allende y los históricos dirigentes comunistas costarricenses Manuel Mora y Carmen Lyra: figuras que, desde su ejemplo y legado, parecen guiar el trabajo del más joven de los diputados (pronto cumplirá los 35 años) de la Asamblea Legislativa y una de las más combativas voces de la oposición.

Continuismo neoliberal a la sombra de los hermanos Arias

Con Nuestra América (CNA): En el marco del creciente descontento que de distintas maneras expresa la sociedad costarricense, nos gustaría conocer cuál es su balance de estos dos años de gobierno de la presidenta Laura Chinchilla.

José María Villalta (JMV): “Ha sido un gobierno de más de lo mismo, que solamente se ha dedicado a administrar las reformas que dejó instauradas el gobierno de los hermanos [Oscar y Rodrigo] Arias, sin ninguna expectativa de cambiar o mejorar nada. Es un gobierno del continuismo de las políticas que se han implantado en Costa Rica en los últimos 25 a 30 años, totalmente conforme con la agenda neoliberal que tiene a la sociedad costarricense sumida en importantes crisis: la crisis ambiental, la crisis social, el crecimiento de la desigualdad y la pobreza, el deterioro de las instituciones sociales, de la seguridad social -que se ha venido gestando desde hace tiempo-; también la crisis política, con un descrédito cada vez más palbable de la credibilidad y de las instituciones de nuestro sistema democrático; la crisis de la trasnparencia y de la corrupción.

“Pero también está la crisis fiscal: el gobierno de los hermanos Arias dijo que le dejaban la mesa servida a Chinchilla, pero en realidad se la dejó servida a los más ricos del país, gobernó para ellos y práctimente quebraron al Estado, porque aplicaron una vez más un ciclo clientelista a costa del gasto público para ganar la elección del 2010.

“Ahora bien, al gobierno también le estallaron varias crisis en la cara, como la de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Pero la crisis de la CCSS no es provocada por Laura Chinchilla, sino por la acumulación de décadas de gobiernos neliberales corruptos, que meten la mano en la institución con intereses politiqueros, para favorecer el negocio de las clínicas privadas; gobiernos que alcahuetearon a las empresas que tienen deudas millonarias con la seguridad social.

“Es decir, vemos un gobierno que intenta apagar los incendios que aparecen por todas partes, pero que en lo esencial no intenta cambiar ninguna de las causas que nos tienen hoy como estamos”.

CNA: ¿Cómo afectó al gobierno de Laura Chinchilla esa relación ambigua que mantiene con el grupo de poder de Oscar Arias, que fue fundamental para su triunfo en el 2010, pero del que se ha distanciado en los últimos meses, por lo menos en términos formales?

JMV: “El actual gobierno rápidamente perdió el rumbo, porque los hermanos Arias, en un gesto de ambición desmedida nunca antes vista, lanzaron muy temprano la candidatura de Rodrigo Arias para perpetuarse en el poder y eso generó una fricción con el grupo que está en la Administración Chinchilla.

“Lo cierto es que se acumula el descontento y el PLN cree que, por inercia, va  a seguir en el poder indefinidamente, ante la debilidad de la oposición y su fragmentación. Y como es un partido que acumula cada vez más poder, también se va corrompiendo más: son notorias las prácticas de corrupción, de clientelismo, de uso del Estado para fines personales, de confusión entre el interés público y el privado.

“Hay un deterioro, una descomposición que percibe la ciudadanía, pero eso tampoco se traduce en alternativas políticas claras. Existe un discurso de descrédito, de la antipolítica, impulsado precisamente por los mismos que están en el poder. Esto tiene la intencionalidad de incrementar el abstencionismo en el país, que la gente crea que no hay nada que hacer, que todos los políticos son iguales, para que el PLN pueda ganar una elección tras otra, con porcentajes cada vez menores de apoyo, pero sostenido por las redes clientelistas”.

CNA: ¿En cuáles aspectos es más evidente la continuidad de las políticas neoliberales de la administración de Oscar Arias en el gobierno de Laura Chinchilla?

JMV: “Es que el continuismo es total. El gobierno de Chinchilla intentó, al inicio, desmarcarse un poco en la agenda ambiental: asumió el compromiso de apoyar la ley que impulsamos para prohibir la minería a cielo abierto [aprobada en noviembre de 2010], que fue un tema muy polémico. El gobierno de los hermanos Arias desató una guerra contra la naturaleza, un trabajo sin cuartel para debilitar la legislación ambiental a través de decretazos y reformas, y de esta manera, favorecer los intereses de inversionistas depredadores.

“De alguna manera, el gobierno Chinchilla, aunque sigue en la misma línea, suavizó en algunas áreas, por ejemplo, puso un poco de freno a la minería; también impulsó proyectos sociales como la Red Nacional de Cuido, muy valiosa pero que es totalmente incompleta y no ha cumplido sus objetivos. Pero en la mayoría de temas vemos total continuismo.

“En política económica, por ejemplo, sigue el patrón de los últimos gobiernos neoliberales, donde el hilo se corta siempre por lo más delgado: culpar a la clase trabajadora de los problemas fiscales del Estado; seguir debilitando instituciones sociales que son clave para combatir la desigualdad; presupuestos cada vez más restrictivos; las cíclicas crisis fiscales, una vez más, intentó paliarlas –como hicieron los gobiernos de Figueres [1994-1998], Rodríguez [1998-2002] y Pachecho [2002-2006]-  con reformas puntuales, parches en el sistema tributario que no combaten las desigualdades imperantes, sino que se concentran en subir el impuesto de ventas para atender lo inmediato,  pero sin tocar los intereses de los grupos económicos que se han enriquecido como nunca”.

CNA: ¿Cuáles son esos grupos económicos que se beneficiaron en el anterior gobierno y se benefician también ahora?

JMV: “Arias gobernó para los banqueros, y Laura Chinchilla gobierna también para los banqueros, para los exportadores de zonas francas [plataformas de exportación que gozan de privilegios fiscales], que son los que financian las campañas electorales y los ganadores netos del modelo neoliberal.

“Este modelo ha fabricado pobres, ha destruido sectores productivos como la agricultura tradicional, la pequeña industria y la economía social; también se ha visto debilidada la distribución de la riqueza y la propiedad de la tierra: en Costa Rica, en los últimos 30 años, se ha venido concentrando la tenencia de la tierra, y hemos pasado de un país que tenía pequena propiedad, a uno dominado por los monocultivos y los latifundios.

“Se han privatizado bienes públicos como las telecomunicaciones y los seguros que, aunque no se administraban bien por la corrupción política, eran patrimonio del pueblo: sus ganancias eran para el pueblo de Costa Rica, pero hoy van al bolsillo de Carlos Slim o la Telefónica de España. El pueblo costarricense ha perdido parte de su patrimonio y Laura Chinchilla se ha dedicado a administrar las reformas  impuestas por el TLC con los Estados Unidos”.

La corrupción: modus operandi de la clase política

CNA: En las últimas semanas, distintas investigaciones periodísticas han dado a conocer  casos de corrupción en instituciones públicas y ministerios, relacionados con evasión fiscal y el otorgamiento irregular (a familiares y socios de miembros del gobierno) de contratos que involucran fondos públicos y recursos de la cooperación internacional. Estos escándalos no solo provocaron renuncias cambios en el gabinete, sino que despertaron un profundo repudio y la indignación de los costarricenses. ¿Considera que estos hechos pueden ser atribuidos a un rasgo del gobierno Chinchilla y su equipo de colaboradores o, por el contrario, señalan un problema más amplio de nuestro sistema político?

JMV: “Se trata de un problema enquistado en el sistema político y es parte del ADN de un partido como Liberación Nacional. La corrupción que está saliendo a la luz pública es apenas la punta del iceberg y no son casos aislados: son ejemplos llamativos de redes de corrupción que se han desarrollado transversalmente en el Estado costarricense en los últimos gobiernos. Muchos de los funcionarios que están siendo cuestionados ahora, también formaron parte del gobierno de los Arias y ahí empezaron sus prácticas.

“No hay que perder de vista lo siguiente: sectores de la prensa comercial que en aquel momento, cuando interesaba aprobar el TLC a como diera lugar, callaron ante las evidencias, ahora sí hacen públicos estos hechos, porque quieren congraciarse con una población que les cree menos, y porque seguramente están preocupados por la concentración de poder en el PLN.

 “Incluso a los que se han beneficiado de esa concentración de poder les preocupa el fenómeno, porque se hace más reducido el grupo de los que se sirven con cuchara grande. Como decimos en Costa Rica, es cada vez más cerrada la argolla de los que ganan, y otros grupos empresariales que apoyan el modelo neoliberal, ahora sienten que están quedando fuera de la repartición de un pastel que se lo dejan unos pocos, cada vez más corruptos.

“Pero lo cierto es que estas denuncias de corrupción no son hechos aislados, sino el modus operandi de la clase política que nos viene gobernando. Existe una relación directa entre lo que  pasó con la empresa Procesos, el exministro de Hacienda y el Ministro de Educación, y el llamado Estado paralelo que denunciamos desde hace más de una década. Es el mismo mecanismo con el que vienen saqueando instituciones, en forma descarada e impune. Se trata de un cáncer que ya está haciendo metástasis por todas partes, y hay órganos del Estado que quizás tendrían que extirparse”.

El gobierno no se entera de la crisis del capitalismo

En el contexto de la crisis mundial del capitalismo, parece que  el gobierno y los grupos económicos afines intentan “huir hacia adelante”, es decir, apuestan por profundizar las políticas neoliberales. Ahora, incluso, echan mano de un consultor de organismos financieros internacionales como el BID, el Banco Mundial y el FMI para que asuma el Ministerio de Hacienda.  ¿Cómo analiza el rumbo económico y fiscal de la administración Chinchilla?

JMV: “El gobierno de Costa Rica no se ha enterado de la crisis del capitalismo global. Siguen aplicando la misma receta que tiene a nuestra planeta al borde del hundimiento. Los neoliberales criollos no se han percatado del fracaso del neoliberalismo y de que esas teorías son cuestionadas a nivel mundial. Es realmente lamentable el autismo del gobierno: se desata la crisis del gabinete y la crisis fiscal, ¿y a quiénes llama Laura Chinchilla para que la asesoren? A Eduardo Lizano, Alberto Dent, Alberto Trejos, Francisco de Paula Gutiérrez, los neoliberales que han estado a la cabeza de la gestación de la crisis fiscal que el gobierno dice que quiere solucionar".

CNA: Entonces, la presidenta tampoco tiene claro el impacto de sus planes de reforma fiscal sobre los sectores de menores ingresos…

JMV: “No lo creo, porque el gobierno y sus aliados celebraron con bombos y platillos la aprobación del plan fiscal, a pesar de que habían cometido atropellos innombrables [el trámite de este plan de impuestos fue declarado inconstitucional por la Sala Constitucional], y en todas esas celebraciones ni siquiera escuchamos una mención a ese daño colateral que están acostumbrados a producir: el que sufre esa inmensa mayoría de la población que está al borde de la de línea de pobreza”.

La política exterior de Costa Rica es la política de Washington

CNA: En materia de política exterior, el gobierno se ha alineado claramente con los Estados Unidos y su geopolítica de la guerra contra el narcotráfico. ¿Cómo valora en este rubro a la administración Chinchilla? ¿Hay cambios o también aquí observa una continuidad con lo hecho por el gobierno anterior?

JMV: “Con respecto del gobierno de Arias, hemos retrocedido. Laura Chinchilla no tiene política exterior, o mejor dicho, su política exterior es esconderse debajo de la alfombra. La señora presidenta parece estar feliz entre menos se mencione y menos influencia tenga Costa Rica en los foros internacionales, y sin tener que dar la cara frente a otros gobernantes sobre las grandes discusiones de la política internacional.

“En este sentido ha habido un deterioro, porque el gobierno de Arias tenía en la política exterior uno de sus puntos más fuertes –por razones que podríamos discutir, como su ego inagotable-, y tomó decisiones audaces y polémicas, como restablecer las relaciones con Cuba y China; dio signos de una política más independiente en algunos temas. En cambio, Chinchilla sigue al pie de la letra los lineamientos del gobierno de Estados Unidos y su principal preocupación es no quedarle mal a los gringos”.

CNA: Sin embargo, el conflicto con Nicaragua por el dragado del Río San Juan, en la frontera entre ambos países, ha sido una ventana de oportunidad para que el gobierno despliegue algún tipo de iniciativa a nivel de política exterior…

JMV: “Sí, pero el gobierno ha intrumentalizado ese conflicto de un modo idéntico al que lo hace el gobierno de Nicaragua: solo para efectos internos; en el caso de Chinchilla, lo ha usado para cubrir su falta de agenda nacional y frenar la pérdida de popularidad de su gobierno, pero recurriendo al nacionalismo más burdo.

“Lo cierto es que en el plano internacional no ha tenido ningún peso, tampoco hay intentos de fortalecer los vínculos con la naciones latinoamericanas donde se están desarrollando procesos muy interesantes de integración desde el Sur.

“Es más, tampoco ha hecho esfuerzos por mantener líneas políticas que lanzó el gobierno anterior, y que son cuestiones de diginidad y derechos humanos, como por ejemplo el apoyo a la constitución del Estado palestino: ahí más bien retrocedimos, al posicionarnos como país junto a los sectores más reaccionarios e intolerantes, que son cómplices del genocidio que se está produciendo en Palestina”.

CNA: Entonces, hay una mayor influencia de la comunidad judía sobre el gobierno, como no ocurrió en la anterior administración…

JMV: “Claro que hay más influencia de la comunidad judía, y también una mayor sumisión ante los lineamientos de Washington”.

¿Es posible derrotar al neoliberalismo en Costa Rica?

CNA: Ante la descomposición del sistema político en los últimos doce años, ha cobrado fuerza, una vez más, la idea de unir fuerzas para derrotar al neoliberalismo en las elecciones del 2014. ¿Considera posible la conformación de una alianza progresista en Costa Rica?

JMV: “No tengo claro qué tan viable sea ese escenario, si se presentará finalmente o no, pero creo que es un escenario indispensable si queremos frenar la concentración y el abuso del poder que viene ejerciendo el PLN.

 “Hace falta la constitución de una coalición de fuerzas progresistas para enfrentar a la maquinaria clientelista del gobierno. Ahora bien, no se trata de reconstituir el bipartidismo con otros nombres, como quiere Ottón Solís [líder del Partido Acción Ciudadana, segunda fuerza en el Congreso], ni desbancar al PLN para seguir aplicando las mismas políticas. Se trataría de conformar una coalición de centroizquierda, progresista, que plantee una alternativa real, con una agenda que rompa con las políticas neoliberales que se han aplicado en los últimos 30 años”.

CNA: ¿Cuáles elementos debería contemplar, como mínimo, una agenda progresista de ese tipo?

JMV: “En primer lugar, la recuperación del patromonio nacional en todos sus campos: los bienes públicos, los servicios públicos, las empresas públicas y los recursos naturales, para ponerlos al servicio del pueblo costarricense y no de las transnacionales.

 “También, una economía que ponga énfasis en el apoyo a micro y pequeña empresa, y no solo a las grandes ganancias de las transnacionales; la reactivación de la producción interna para el mercado interno; frenar la concentración de la riqueza –del capital y la tierra- y democratizar, de nuevo, el acceso a los bienes productivos.

“Hacer que se respeten las conquistas sociales y los derechos laborales, y fortalecerlos porque se han deteriorado; rescatar a la CCSS por medio del pago total de la deuda del Estado con esta institución,  garantizando que no se va a volver a gestar esta situación de deterioro y politización que hoy padece; es necesario avanzar hacia una democracia verdaderamente participativa, no solo formal-representativa como la que tenemos hoy, cada vez más carencial: esto significa impulsar los presupuestos participativos, las consultas populares a nivel local y nacional, la participación directa de la gente en el gobierno y la toma de decisiones.

“Además, se requiere entrarle de lleno al combate a la desigualdad, y eso implica poner en marcha políticas agresivas que distribuyan la riqueza, tanto a nivel de clases sociales como de regiones geográficas, porque tenemos un país centralizado en el Valle Central, pero las comunidades y zonas periféricas, rurales y costeras, permanecen abandonadas. Se requieren propuestas que descentralicen el poder y la distribución de los recursos.

“Y por supuesto, debemos recuperar la agenda ambiental, en la que el país retrocedió…”

CNA: A pesar del discurso oficial que promociona a Costa Rica como un país verde, sin ingredientes artificiales…

JMV: “Es que tenemos un discurso de la Costa Rica verde, pero la realidad es totalmente distinta: aquí se viene depredando la naturaleza y los recursos naturales de un modo descomunal, y al mismo tiempo, se debilita y torpedea sistemáticamente la institucionalidad ambiental que logramos construir, y todo para facilitar los negocios de unos pocos. Habría que eliminar ese doble discurso”.

CNA: A partir de la experiencia de la resistencia contra el TLC con Estados Unidos y las luchas contra la minería a cielo abierto, por citar dos casos recientes, ha quedado claro que en Costa Rica también existe una fuerza social muy importante, pero que todavía no se identifica políticamente con un partido u opción electoral concreta. Desde su perspectiva, ¿qué papel podrían jugar estas organizaciones y movimientos sociales en el futuro inmediato del país –las elecciones del 2014- y en el mediano plazo?

JMV: “La conformación de una eventual coalición progresista tiene que hacerse de una forma distinta, no puede ser fruto de un pacto de cúpulas, sino de un proceso abierto a la participación ciudadana, donde los movimientos y organizaciones sociales tengan una incidencia directa.

 “Ahora bien, en Costa Rica debe replantearse la forma en que las organizaciones sociales se relacionan con la política. Durante mucho tiempo, los partidos de todos los signos vieron a las organizaciones como simples correas de transmisión, como instrumentos para alcanzar objetivos y las usaron como simples apéndices o aparatos, manipulándolos según su interés. Pero también hemos caído en el otro extremo: algunas organizaciones sociales tienen un discurso ambivalente y  niegan la importancia de la política electoral para hacer las transformaciones; y en otras ocasiones, tienden a instrumentalizar los partidos, porque no participan de lleno en los procesos electorales, pero después buscan a los partidos únicamente para impulsar proyectos específicos.

“Si queremos que la agenda de las organizaciones y movimientos influya más en la política nacional, tiene que darse un cambio en las dos vías. Costa Rica ha tenido una vigorosa presencia de movimientos que han luchado y confrontado abiertamente al statu quo, lo que colocaría a un sector importante de la población en una posición que podríamos llamar desde la izquierda, pero eso no se ha traducido en expresiones políticas que canalicen esa fuerza y ese descontento social. Más bien, la presencia de la izquierda es marginal en la vida política nacional. Obviamente, esto obedece a razones históricas, a errores de los partidos, pero también a esta relación ambivalente y confusa que entablan las organizaciones sociales con los partidos políticos”.

El Frente Amplio y su futuro

CNA: Finalmente, en un país cuya cultura política ha estado marcada por el “anticomunismo” y la censura oficial de todo aquello que se presenta como alternativo al sistema dominante, ¿cómo visualiza el futuro del Frente Amplio, tras dos legislaturas consecutivas de ganar una representación en el Congreso?

JMV: “El futuro del FA es positivo, promisorio, si se hacen bien las cosas. Es un partido en franco crecimiento. Creo que puede dar el salto de tener un diputado a una fracción legislativa de mayor peso, pero también considero que no hay relación entre el número de diputados del FA y su presencia en los debates nacionales, su influencia en el parlamento y, sobre todo, en las expectativas de la gente, que son mucho mayores, aunque, de nuevo, por distintas razones esa simpatía y respaldo no se ha traducido en mayor cantidad de votos. Esto podría cambiar si hacemos nuestra parte, y no cometemos los errores del pasado en las campañas políticas, en la organización electoral.

“En Costa Rica hacen faltan contrapesos, entre ellos una fuerza de izquierda que sea interlocutora y canalice todo eso que se está gestando en el campo social: el descontento, el clamor popular por un cambio de modelo económico y de políticas.

“Podemos convertirnos en un referente de la oposición, un referente político para un sector importante de la población. Ese proceso podría verse acelarado por la descomposición de algunos partidos que habían generado expectativas entre los costarricenses, pero no las han cumplido. Sin embargo, el FA tiene una tarea interna considerable porque sus estructuras están pensadas para ser un partido de resistencia, que da la lucha cuesta arriba, y no para ser un partido que recibe un apoyo popular mayor.

Por otra parte, hay otros factores a considerar: la falta de cultura política en Costa Rica, los prejuicios, las desigualdades muy marcadas en el acceso a los medios de comunicación, las campañas electorales donde impera el poder del dinero y otras opciones son invisibilizadas, una legislación electoral hecha para excluir a los partidos alternativos y favorecer a los tradiciona[1]les, problemas en el discurso y el mensaje.

En fin, no doy nada por sentado, pero veo un futuro con posibilidades importantes”.

América Latina y Europa: dos puertas distintas para salir de la crisis neoliberal[1]

Por Rafael Cuevas Molina /Presidente AUNA-Costa Rica

28/04/12

La crisis de este capitalismo salvaje, que arrasa con todo a su paso, puede llevarnos a escenarios políticos que nadie se hubiera imaginado hace tan solo 20 años.



Las nefastas implicaciones del neoliberalismo, es decir, del capitalismo llamado “salvaje” por el Papa Juan Pablo II, llevan a la desesperación del pueblo puertas distintas y, a veces, encontradas.

Si echamos un vistazo a las derivaciones políticas que han traído los programas de ajuste en Europa y América Latina, las diferencias saltan a la vista.

Como se sabe, en América Latina varios son los países en los que se eligió gobiernos que, abierta y beligerantemente, propusieron salidas que fueron a contramano de las políticas neoliberales que sus antecesores aplicaron a rajatabla en decenios anteriores. El alejamiento de este modelo ha sido difícil, engorroso, dadas las profundas ramificaciones que tiene en todos los ámbitos de la vida contemporánea. En el conjunto de naciones que han optado por este camino hay toda una gama, en la cual se pueden encontrar los más variados matices. Quienes entienden de clasificaciones identifican dos grupos: el de los moderados, por un lado, formado por Brasil, Argentina y Uruguay, y el de los radicales, que comprende a Venezuela, Ecuador, Bolivia y Cuba.

Se discute, claro está, si en verdad existe un alejamiento del modelo neoliberal o si, por el contrario, se trata solo del atemperamiento de sus efectos a través de políticas sociales orientadas hacia los grupos más desfavorecidos.

Se alega también, y con razón, la apuesta que la mayoría de estos países ha hecho por el modelo extractivista que, como bien se sabe, no solo depreda el medio ambiente sino también a la fuerza de trabajo que ocupa, pagando al mismo tiempo míseros dividendos impositivos a los países en los que opera.

Son, evidentemente, contradicciones y limitaciones que poco aportan a la construcción de una alternativa al neoliberalismo. Se trata, sin embargo, de procesos en los que se hacen esfuerzos y se alientan búsquedas de caminos propios para el desarrollo que, en otros contextos políticos, serían inconcebibles.

En este sentido, en América Latina se ha encontrado una salida que podría catalogarse de “hacia la izquierda”, que ha llegado a ser invocada como camino a seguir en otras latitudes, como en la misma Europa, por ejemplo, en donde la crisis provocada por el capitalismo financiero lleva cada día a más personas a la desesperación.

Esa desesperación de los europeos los ha enrumbado por ciertos caminos  que a nosotros, desde este nuestro observatorio tercermundista y marginal, se nos antoja peligroso, y que la reciente primera vuelta de las elecciones francesas nos ha puesto en evidencia: la expansión y afianzamiento de las opciones políticas de derecha. Es decir, el camino o la puerta opuesta a la abierta en nuestro continente latinoamericano.

No estamos diciendo nada nuevo ni iluminando a nuestros lectores, si recordamos que este tipo de opciones políticas tienen una larga carrera en el viejo continente. La más conocida, por las implicaciones mundiales que trajo en la primera mitad del siglo pasado, fue e l fascismo, que arrastró a la guerra y al efervorizamiento de ideas y valores de nacionalismo excluyente y odios raciales.

Desde los años 90 esta derecha política ha venido ganando posiciones en países como la mencionada Francia, en Austria, Noruega, Finlandia y Holanda, en donde han pasado incluso a formar parte de coaliciones gubernamentales.

Hoy, ante la crisis económica que se vive en esa parte del mundo, estas posiciones ganan cada vez más adeptos en sectores de la población que se sienten acorralados. En Francia, vota a la derecha una mezcla de población rural, pequeños productores agrícolas afectados por la crisis y poco favorecidos por las políticas agrícolas de la Unión Europea, que han sido diseñadas para favorecer a las grandes empresas agroindustriales y exportadoras de granos y alimentos, así como pequeños comerciantes arruinados por los supermercados de las grandes empresas comerciales, y una creciente población desplazada de las ciudades por los altos alquileres, que sufre además la precariedad laboral. Como en los años 30 el desmoronamiento del neoliberalismo aumenta el peligro de la tentación fascista.

La crisis de este capitalismo salvaje, que arrasa con todo a su paso, puede llevarnos a escenarios políticos que nadie se hubiera imaginado hace tan solo 20 años.

La daga de Damocles pende sobre nuestras cabezas.


[1] Fuente: http://connuestraamerica.blogspot.com/. Revisado: 28/04/12.

¿Qué otros conflictos sociales se viven en la región?

Por Ego Agurto

28/04/12

En el Perú viene generándose una serie de protestas sociales durante los últimos años, producto de la desigualdad en la que viven sus habitantes y de la disputa entre el interés empresarial y el ciudadano. Recientemente el proyecto minero Conga, en Cajamarca, o el de la central hidroeléctrica Inambari, en Puno, al igual que muchos otros casos que se están produciendo en el interior del país, han puesto en vilo a varias autoridades involucradas y que ha generado algunos cambios en ciertos ministerios.

Sin embargo, el Perú no es el único país que enfrenta esta crisis entre las instituciones públicas, las privadas y los ciudadanos afectados por los proyectos que aparentemente aseguran un ingreso económico en la región.

la revista Foreign Policy en español publicó recientemente una lista con los principales conflictos sociales en la región, en el que destaca la lucha de los estudiantes en Chile, quienes buscan modificar el sistema educativo en este país.

Aquí te presentamos los cinco protestas políticas que no debe perderse de vista (tomado de FP):

Los estudiantes en Chile

La masiva movilización estudiantil, que desde mayo hasta noviembre de 2011 paralizó el sistema educativo chileno, es una protesta claramente alineada con el rechazo de medidas económicas pro-mercado y contra el recorte de prestaciones (educativas) del estado. Las protestas de los estudiantes fue el acontecimiento que puso en mayores aprietos al presidente Sebastián Piñera, y cuyas consecuencias fue la caída de dos ministros de Educación.

El eje fundamental de las reivindicaciones se basaron en la demanda de una educación pública, gratuita y de calidad. Están en contra de un sistema público que el Estado financia de forma residual, a la par que estimula la creación de centros privados, de calidad muy variable, para que cubran la demanda educativa que no absorbe el primero.

Ante este panorama miles de jóvenes chilenos, que tienen que endeudarse para poder estudiar una titulación que no les garantiza posteriormente la inserción laboral, salieron a la calla para denunciar un sistema educativo segmentado según el nivel socioeconómico y estructuralmente mal financiado.

La serie de marchas destacaron la aparición de nuevos líderes sociales, como Camila Vallejo, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) o Giorgio Jackson, ex presidente de la Federación de Estudiantes de la universidad Católica de Chile (FEUC) en un entorno caracterizado por la cronificación de personajes del status quo político.

Los indígenas en Bolivia y Ecuador

Durante el último año sectores del movimiento indígena boliviano y ecuatoriano, que en su día fueron aliados (o próximos) a las opciones de Evo Morales y de Rafael Correa, se han enfrentado a sus respectivos gobiernos. Las razones de dichos enfrentamientos son complejas, pero están relacionadas con las tensiones que supone impulsar proyectos de desarrollo nacionales y populares y la protección de recursos naturales (forestales, minerales o fósiles) que son cruciales para la pervivencia de las comunidades indígenas.

El caso de la movilización de sectores indígenas en Bolivia ha sido más llamativo por el hecho de que al comienzo de su presidencia, Morales consiguió aglutinar a la mayoría de este tipo de organizaciones a su favor. Por ello sorprendió cuando durante el mes de agosto de 2011, centenares de indígenas de las etnias moxeño, chimá y yuracaré iniciaron una larga marcha para exigir que Morales parara la construcción de una carretera.

Este tipo de protestas, así como la tensión que se generó entre los que manifestantes y el Ejército, ha generado enfrentamientos entre el Ejecutivo, algunos miembros de su mismo partido y organizaciones que en su día fueron próximas al gobierno, como la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).

En Ecuador, a diferencia de Bolivia, las protestas de los movimientos indígenas contra el gobierno de Correa eran más previsibles por distintos motivos. Por un lado, el partido político Alianza País nunca tuvo una relación demasiado próxima con los movimientos indígenas; por otro, porque durante el mismo proceso constituyente hubo una ruptura entre Correa y quienes defendían las demandas indígenas y ambientales. Por ello, desde hace meses las tensiones entre la Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) y la Confederación de nacionalidades indígenas del Ecuador (Conaie) y el Ejecutivo no son novedad. Fue en este marco en que diversos movimientos realizaron desde el 8 al 22 de Marzo de 2012 una gran marcha desde la región del Pangui hasta la ciudad de Quito, con la voluntad de emular las grandes movilizaciones anti-gubernamentales de los 90.

El movimiento por la paz y contra la impunidad en México

Sin duda el peor fenómeno que ha ocurrido en México –y que alcanza toda la región mesoamericana– durante las últimas décadas ha sido el de la epidemia del crimen. Desatado por el enfrentamiento entre cárteles del narco y amplificado por las erráticas políticas implementadas por Felipe Calderón, quien sacando el Ejército a la calle (con el fin de mantener una posición de firmeza ante unas elecciones que ganó de forma muy discutida) ha generado una trágica espiral de impunidad. Las cifras de asesinados y desaparecidos durante los últimos cinco años ascienden a más de 60.000 personas.

Frente a este desolador escenario en 2011 apareció el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, (MPJD) como una iniciativa para enfrentar y denunciar la intensa ola de violencia y crimen. Este movimiento, que se considera apolítico, ha estado impulsado por una coalición de intelectuales, sectores de la sociedad civil, académicos y ciudadanos anónimos liderados el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo asesinaron brutalmente en Cuernavaca, el 26 de abril de 2011. La novedad del MPJD fue la quiebra del silencio y pasividad de una ciudadanía temerosa y atónita, y el reclamo al Estado de sus responsabilidades ya que, a la luz de los datos que van apareciendo, éste no sólo no ha protegido a los mexicanos si no que ha contribuido a acelerar la espiral de impunidad. Ante ello, el MPJD impulsó una marcha el día 5 de mayo de 2011 desde Cuernavaca hasta el zócalo del DF para presionar a las [1]autoridades que asumieran sus responsabilidades. El movimiento pidió al Gobierno mexicano que accediera a dialogar abiertamente sobre la estrategia de combate con la delincuencia organizada.

Contra la corrupción en Brasil

De los movimientos más novedosos que han aparecido en la región está el que denuncia abiertamente los actos de corrupción de los servidores públicos. El último en aparecer fue el de Brasil que entre los meses de agosto y octubre de 2011 denunciaron una práctica endémica en la política del país: la corrupción y el nepotismo.

En este marco el gobierno de Dilma Roussef vio cómo cuatro de sus ministros tenían que dimitir por denuncias de corrupción y cómo se iba activando una ola de descontento ciudadano, convocado a través de las nuevas tecnologías e impulsado por una heterogénea red de ONG.

Gracias a estas convocatorias el día 7 de septiembre hasta 25.000 brasileños se manifestaron en Brasilia y pocos días más tarde varios miles más en Río de Janeiro. La novedad de este movimiento ha sido el formato de la convocatoria, que se ha hecho a través de redes sociales, y el tipo de repertorio, que ha premiado las manifestaciones de carácter festivo y artístico, como ha sido el caso de la instalación de miles de “escobas verdes contra la corrupción” en las ciudades más importantes del país.

Las Damas de Blanco

Otro movimiento es el de las Damas de Blanco que se opone al régimen cubano y lucha por la liberación de presos políticos. Es singular y único, ya que responde a un contexto poítico también excepcional: el de un Estado que no permite el disfrute de libertades políticas ni civiles. En este contexto las Damas de Blanco es un movimiento constituido por familiares de presos cubanos de conciencia. La novedad, y lo que ha hecho que llamara la atención al resto del mundo, ha sido por su composición fuera exclusivamente femenina, su indumentaria de color blanco, su repertorio de denuncia basado en la resistencia pasiva, su confesionalidad católica y su capacidad de difundir sus actos a través de Internet.


       Mil 250 millones de soles deben Montesinos y militares mafiosos
(Equivalente 250 años de cárcel)[1]

(Perú)

Por Javier Soto/Marita Samanez

28/04/12

Solo el exasesor del exdictador Fujimori adeuda la friolera de 882 millones de soles por concepto de reparación civil al estado peruano, impuestos en 35 procesos judiciales, en los que además acumula condenas que suman más de 250 años de cárcel.

Si los más de 27 millones de soles que adeuda al Estado, Alberto Fujimori, por concepto de reparaciones civiles, fueron motivo de escándalo, los 882 millones 371 mil 364 soles que no ha devuelto al erario nacional, Vladimiro Montesinos, capo de la mafia fujimontesinista, constituye todo un récord delincuencial.

Lo mismo sucede con los 364 millones 650 mil 145 soles que deben -en su conjunto- los representantes de la cúpula militar-policial de esta mafia que secuestró el gobierno del Perú entre los años 1990 y 2000.

Estas cifras están debidamente registradas en la relación de deudores representativos del régimen fujimontesinista sentenciados por casos de corrupción, emitida por la Procuraduría Anticorrupción, y actualizada a enero de 2012.

Montesinos ha acumulado esta enorme deuda de su obligación legal para con un Estado que esquilmó sin contemplaciones, en virtud a las 35 sentencias dispuestas en su contra que, sumadas en su totalidad, ascienden a 883 millones 665 mil soles. Es decir, que de esa ingente cantidad de dinero, este “poder en la sombra” de Alberto Fujimori, ha depositado poco más de un millón de soles.

Los casos que mayor cantidad pecuniaria de reparaciones civiles le han sido fijados a Vladimiro Montesinos corresponden a los denominados “procesos acumulados Crousillat, Winter, Vera, Borobio, Stone, Salas, Gamarra y Mantilla” (365 millones 355 mil soles); y “caso madre-Cuentas Suizas” (300 millones de soles).

Por estos casos, Montesinos desembolsó las ridículas sumas de 132 mil 072 soles, por el primero; y dos mil cien soles, por el segundo.

Asimismo, están los procesos por desvío de fondos del exServicio de Inteligencia Nacional (SIN) (46 millones de soles); caso Víctor Malca Villanueva (40 millones de soles); caso entrega de dinero a Ernesto Schutz Landázuri (25 millones de soles); caso compras fraguadas de 18 aviones modelo MIG 29 y 18 Sukhoi-25 (25 millones de soles), por los cuales no ha abonado ni un centavo.

De igual modo, se incluyen la sentencia por el caso de los “vladipolos” (17 millones 250 mil soles); las operaciones ilícitas sobre la compra de acciones en Financiera del Sur y el Banco de Comercio, por 22 millones de dólares, (diez millones de soles); y por el delito de usurpación de funciones en su contra (diez millones de soles). Por todos ellos tampoco ha devuelto absolutamente nada.

Igualmente, la cantidad impresionante de sentencias que detenta el corrupto más importante de la historia contemporánea del Perú le da un acumulativo que superan los 250 años de cárcel. Todo un récord, a simple vista.

Militares VENDIDOS
(Ver, http://www.elpais.com/articulo/internacional/red/corrupcion/tejida/Montesinos/sobrevive/Ejercito/peruano/elpepuint/20101212elpepuint_12/Tes)

Contra todo pronóstico, el “pez gordo” de la mafia castrense fujimontesinista que más adeuda al Estado por el pago de las reparaciones resultó ser el exjefe nominal del exServicio de Inteligencia Nacional (SIN) vicealmirante AP Humberto Rozas Bonucelli, quien batió todos los récords de morosidad con 76 millones 780 mil 328 soles, que debe al erario, por los diez casos de corrupción por los que ha sido sentenciado.

De esos diez procesos, Rozas Bonucelli se burló absolutamente del Estado en seis de ellos, al no entregar céntimo alguno de las reparaciones civiles asignadas por el Poder Judicial.

Tales son los casos de la Casa Militar de Palacio de Gobierno II (dos millones 900 mil soles); Enlaces exterior (30 mil soles); colaboración en la fuga a Panamá de Vladimiro Montesinos (200 mil soles); el desvío de fondos del exServicio de Inteligencia Nacional (SIN) (46 millones de soles); vladipolos (17 millones 250 mil soles) y, la usurpación de funciones del SIN-Julio Salazar Monroe (veinte mil soles).

El general (r) José Villanueva Ruesta, excomandante general del Ejército y expresidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y extitular del Interior, es el segundo moroso más conspicuo de esta pléyade de militares que denigraron a las instituciones castrenses.

Este exoficial debe al fisco un total de 74 millones 714 mil 922 soles por las reparaciones civiles correspondientes a las once sentencias en su contra por procesos de corrupción.

Villanueva Ruesta no ha cumplido con abonar, en su totalidad, los montos consignados en cuatro casos de corrupción como son: el desvío de fondos del exServicio de Inteligencia Nacional (SIN) (46 millones de soles); Museo 2000 (30 mil soles); conspiración de Carlos Boloña (450 mil soles) y el caso Casa Militar de Palacio de Gobierno II (dos millones 900 mil soles).

El excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) Elesván Bello Vásquez, capitoste que manejó a sus anchas los destinos de esa arma, durante el decenio fujimontesinista, debe a las arcas estatales un acumulado de 54 millones 359 mil 957 soles, por las cinco sentencias ejecutoriadas por la justicia. En tres de sus casos no ha entregado una peseta al fisco. Tales son las sentencias por los casos de la fuga de Vladimiro Montesinos a Panamá (200 mil soles); el desvío de fondos del exServicio de Inteligencia Nacional (SIN) (46 millones de soles); y la conspiración de progolpista de Carlos Boloña (450 mil soles).

El excomandante general del Ejército y exministro de Defensa del periodo oscuro de la década Fujimorista, César Saucedo Sánchez, es otro de los cabecillas militares que se burla del cumplimiento de la justicia.

El acumulado del pago de reparaciones civiles que Saucedo no ha devuelto al Estado asciende a 54 millones 275 mil 012 soles, por los seis casos por los que fue sentenciado este militar. Y de todos estos procesos en los que está comprendido este integrante de la cúpula castrense fujimontesinista, resulta que este exoficial no devolvió ni un centavo de los 46 millones de soles que debe reintegrar al Estado por el caso del desvío de fondos del exServicio de Inteligencia Nacional (SIN).

Pero también ha sido extremadamente moroso en los emblemáticos casos referidos a las “licitaciones” ilícitas del portafolio de Defensa que estuvo bajo su cargo (Aquí pagó solamente dos mil 504 soles, de los 4 millones de soles que le determinó abonar al fisco).

Igualmente, es relevante destacar los escasos 11 mil 091 soles entregados al Estado de los 200 mil a que estaba obligado a devolver, por la sentencia sobre el delito de enriquecimiento ilícito en agravio del estado peruano. A Saucedo se le detectó un desbalance patrimonial de dos millones de dólares en las cuentas bancarias y propiedades.

Al otro jefe nominal del SIN, general EP (r) Julio Salazar Monroe, la justicia lo sentenció por cuatro casos y le impuso una reparación civil acumulada de 49 millones 70 mil soles, de cuyo monto cumplió con devolver al Estado la irrisoria suma de 22 mil 824 soles.

Salazar Monroe no devolvió ni un céntimo partido por la mitad de dos sentencias referidas a los procesos por la adquisición de equipos de cómputo y de comunicación (dos millones 900 mil soles) y el de usurpación de funciones del SIN-Julio Salazar Monroe (veinte mil soles).

EL GENERAL “VICTORIOSO”

Hermosa Rios y Montesinos
Asimismo, en esta larga lista de militares fujimontesinistas no podía faltar el más “descollante” de todos ellos: el mal denominado “general victorioso”, Nicolás Hermoza Ríos, excomandante general del Ejército por siete largos años, un hecho inédito en los anales militares.

Dicho general fue sentenciado por dos casos específicos: el desvío de fondos del exServicio de Inteligencia Nacional (SIN) (46 millones de soles), de la que no ha retornado un sol al Estado; y por enriquecimiento ilícito, por la que se le fijó cinco millones de soles, y solo cumplió con devolver 132 mil 825 dólares.

Igualmente, un representante de la Policía Nacional está incluido en esta galería de oficiales fujimontesinistas. Se trata del exdirector general de esa institución y extitular del Interior, Juan Fernando Dianderas Ottone.

Este exalto oficial policial fue sentenciado por tres casos, de los cuales no ha entregado la reparación civil global de cinco millones 498 mil 680 soles.

De ese total, Dianderas no abonó ni un sol por dos sentencias en su contra referidas al allanamiento de la casa de Trinidad Becerra (550 mil soles) y la conspiración progolpista de Carlos Boloña (450 mil soles). Solo devolvió 501 mil 319 soles de los cinco millones de soles impuestos por el caso Firmas de adhesión.

Otro de los militares de alto mando castrense del régimen al que le llegó el largo brazo de la justicia fue el exministro de Defensa, Carlos Bergamino Cruz.

A dicho exoficial se le impuso una reparación civil acumulada de 4 millones de soles, dividida en los dos casos por los que fue sentenciado: el “pago” de una “indemnización” de 15 millones de dólares de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) al exasesor, Vladimiro Montesinos (tres millones de soles); y del proceso de licitación privada N.° 24-99, del Servicio de Material de Guerra del Ejército, para la adquisición de 158 automóviles, marca toyota (un millón de soles).

Y por ambos casos, ha omitido abonar tres millones 684 mil 069 soles, para cancelar únicamente 150 mil 653 soles en el primero de los procesos; y 165 mil 277, en el segundo.

Cierra la lista negra de militares fujimontesinistas sentenciados por corrupción, el exministro del Interior, general EP (r) Juan Briones Dávila.

A pesar de que este militar del clan castrense fujimontesinista fue sentenciado en un solo caso, correspondiente al golpe de Estado antidemocrático del 5 de abril de 1992, por el que le fue impuesta una reparación civil de 300 mil soles, no se ha dignado a devolver un centavo a las arcas fiscales.