lunes, 11 de junio de 2012

Honduras alista cumbre del Sistema de Integración Centroamericana[1]

11/06/12

Tegucigalpa, 11 jun (PL) Honduras alista hoy condiciones para la celebración de la trigésimo novena Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de los Países Miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el 28 y 29 de junio.

  Durante la reunión, el gobierno de este país debe entregar la presidencia pro témpore del mecanismo regional, la cual ocupa desde diciembre del año 2011.

También está programada la realización de varios foros temáticos relacionados con el eje central del encuentro: Una lucha de todos. Un nuevo enfoque para la seguridad en Centroamérica, orientado a impulsar el diálogo para mejorar la seguridad en el área.

El Heraldo, diario hondureño, recordó la polémica en la zona desde que el presidente de Guatemala, Otto Pérez, propusiera legalizar las drogas para disminuir el crimen y la violencia, vinculados al narcotráfico.

La iniciativa es mirada con recelo por El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, e incluso, los tres primeros ni siquiera acudieron al cónclave último, celebrado en el mes de marzo en Antigua, Guatemala.

Para algunos analistas, quizás ello responda al temor de afectar sus relaciones comerciales con Estados Unidos, donde habita la mayor cantidad de migrantes provenientes de sus territorios.

El vecino del norte es el mayor consumidor de drogas del mundo, según la Organización de Naciones Unidas, pero la secretaria de Seguridad, Janet Napolitano, descartó que su gobierno acepte la despenalización como estrategia para frenar al comercio ilícito de estupefacientes.

Otra propuesta para frenar el flagelo fue crear una corte penal centroamericana, que juzgue todos los casos de narcotráfico, secuestro, asesinato, extorsión, tráfico de armas y lavado de dólares asociados a la droga.

Esto choca con la existencia, hace dos décadas, de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), cuya competencia solo es reconocida por Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Guatemala no tiene jueces nombrados en esa instancia, en tanto Costa Rica y Panamá desconocen su competencia.

La CCJ, con escasas sentencias a su haber, le cuesta a cada país más de 500 mil dólares anuales y sus resoluciones pocas veces e incluso, ninguna, son acatadas por los encargados, reconocen miembros de la organización.

El SICA, integrado por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, abarca a una población de 46.6 millones habitantes y cuenta como miembro asociado con República Dominicana.

Participan en el ente, además, como observadores regionales México, Argentina, Chile y Brasil; y como observadores extrarregionales España, China Taipei, Alemania, Italia y Japón.