08/03/2012
La Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado y el
Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la
Mujer –CLADEM, manifiestan su indignación y rechaza los reiterados hechos de
violencia, ataques contra la libertad e integridad sexual, amenazas y
hostigamientos que vienen enfrentando mujeres líderes y defensoras de derechos
humanos que hacen parte de procesos organizativos de mujeres, niñas y jóvenes
en situación de desplazamiento; la ausencia de garantías y medidas para
prevenir, estos delitos por parte del Estado; y la impunidad que cobija estos
crímenes.
El trabajo legal y legítimo de las defensoras
sigue siendo visto como un riesgo para sectores de la institucionalidad que
violan los derechos humanos y para quienes ejercen, de forma arbitraria, el poder territorial, económico y político en
Colombia. Esta situación ha sido
reconocida por la Relatora Especial sobre la situación de los defensores y
defensoras de derechos humanos de Naciones Unidas,[2]
y por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos[2], entre otras instancias de
protección de los derechos humanos de la ONU. La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, recomendó al Estado colombiano:
“[a]doptar las medidas
necesarias para proteger la labor de los defensores y las defensoras de
derechos humanos, líderes y lideresas sociales y sindicales, y periodistas; (…)
y remover los factores de riesgo que los afectan mediante el esclarecimiento
judicial de actos de violencia, hostigamiento y amenazas”.[3]
No obstante, persisten los ataques de los grupos
que participan en el conflicto armado contra mujeres líderes de población
desplazada, incluidas aquellas que acompañan procesos de restitución de
tierras. Entre los patrones de ataque contra defensoras de derechos humanos y
mujeres líderes se cuentan los siguientes: a) amenazas; b) detenciones
arbitrarias; d) actividades ilegales de inteligencia; e) apertura de procesos
judiciales, en su contra, sin fundamento y en violación del debido proceso; f)
difamaciones y descalificaciones de altos funcionarios del Estado; g) violaciones al derecho a la integridad
personal como torturas, violencia sexual y otros tratos crueles inhumanos y
degradantes; y h) violaciones al derecho a la vida (homicidios y desapariciones
forzadas).
Durante 2011, se registró que, por lo menos tres
mujeres defensoras de derechos humanos, fueron víctimas de violaciones al
derecho a la vida en el contexto de la violencia sociopolítica[4]
: Sandra Viviana Cuéllar Gallego (ambientalista), víctima de desaparición
forzada, el 17 de febrero en Cali (Valle del Cauca), por un grupo armado sin
identificar; Ana Fabricia Córdoba Cárdenas de la Ruta Pacífica de las Mujeres,
víctima de homicidio el 7 de junio en Medellín (Antioquia), por un grupo armado
sin identificar; y Yaneth Salinas de la Fundación Internacional de derechos
humanos y desplazados Nuevo Amanecer, víctima de homicidio el 19 de julio de
2011 en Líbano (Tolima), por un grupo armado sin identificar.
Entre los hechos más recientes contra líderes de
organizaciones de mujeres en situación de desplazamiento, que están vinculadas
a la Mesa de Trabajo sobre Mujer y Conflicto Armado están los siguientes:
Violencia
sexual y amenazas contra mujeres desplazadas líderes
El 29 de enero de 2012, en Bogotá (en una zona
cercana al barrio Marruecos, Localidad Rafael Uribe Uribe), CLEINER MARIA
ALMANZA BLANCO, fue víctima de un ataque contra su libertad e integridad sexual
por autores desconocidos. En medio del ataque, los perpetradores profirieron amenazas contra MARÍA EUGENIA
CRUZ, también mujer líder desplazada, refiriéndose a la labor que desarrolla
este grupo de mujeres.
Los ataques contra Cleiner y María Eugenia no
son hechos aislados. Esta situación que viven las mujeres es reiterativa,
sistemática y permanece en la impunidad. Desde octubre de 2009, un grupo de
mujeres líderes desplazadas, entre las que se cuentan Cleiner María Almanza
Blanco, María Eugenia Cruz, Yovana Sáenz y Ana Angélica Bello, ha sido víctima
de violencia psicológica, física y sexual, por parte de actores armados. Estas
mujeres representantes de organizaciones de población víctima del
desplazamiento forzado, son atacadas por
ser mujeres, por su actividad de liderazgo, y como represalias a las continuas
denuncias sobre la crisis humanitaria y de derechos humanos que viven las
mujeres en el país.
La grave situación de vulnerabilidad de las
mujeres víctimas de desplazamiento forzado, ha sido informada a la Corte
Constitucional por la Mesa Nacional de Seguimiento al Auto 092.[5]La
Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008, reconoció el impacto desproporcionado
del desplazamiento forzado en las mujeres e identificó diez riesgos,
considerados como los factores de vulnerabilidad específicos a los que están
expuestas, por causa de su condición femenina que no son compartidos con los
varones en situación de desplazamiento forzado y, ordenó al Gobierno Nacional
la formulación de 13 programas que atendieran estas situaciones de riesgo y
crearan las condiciones para el goce efectivo de los derechos de las mujeres en
situación de desplazamiento forzado.
Cleiner, María Eugenia, Ana Angélica, Yovana
junto con otras once mujeres líderes
tienen además medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos el 25 de marzo de 2010.[6]Ellas
han recorrido los laberintos de la institucionalidad para denunciar, solicitar
garantías para su labor, y protección por parte del Estado. No obstante lo
ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 092 en el sentido de diseñar e
implementar el “Programa de Promoción de la participación de la mujer desplazada
y de prevención de la violencia sociopolítica contra las mujeres líderes de la
población desplazada”, no existe una respuesta clara por parte del Estado
colombiano en materia de investigación de los hechos, sanción a los
responsables y garantías para la protección de los derechos a la vida, libertad
e integridad de las mujeres, sus familias y procesos organizativos[7].
Amenazas
contra la representante legal de la Corporación Casa Amazonía
El 19 de diciembre de 2011, en Mocoa (Putumayo),
Sandra Vargas Mahecha, recibió una amenaza a través de su teléfono celular en
la que le manifiestan que tiene 15 días “para que abandone el Putumayo y el
Huila”, declarándola “objetivo militar” y señalándole: “cumpla por su vida o no
responderán por lo que pase a usted o su familia que le acompañe (sic)”. En la
amenaza le dicen también que la fueron a buscar a su casa tres veces y que no
la encontraron. El texto de la amenaza dice “Att. Maurisio Suárez, comandante
del Frente 32 FARC EP”. A causa de esta situación, Sandra ha tenido que desplazarse forzadamente.
SANDRA VARGAS MAHECHA, es defensora de derechos
humanos de niños, niñas y mujeres y representante legal de la Corporación Casa
Amazonía articulada a la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado. Casa Amazonia
lleva trabajando 5 años en zonas
de alto riesgo la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y
de la violencia sexual contra las niñas en la región. El caso de Sandra es conocido por el Programa
de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo del
Putumayo, la Defensora Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y
las Mujeres de la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades, sin que hasta
ahora el Estado haya tomado las medidas necesarias para la protección y
garantías a los derechos a la libertad, la integridad y la vida de la víctima.
Tampoco se han dado garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos
humanos por parte de ella y de su organización.
Situación
actual de la Liga de Mujeres Desplazadas
del Pozón y Bogotá
Actualmente, la Liga de Mujeres Desplazadas del
Pozón y Bogotá está conformada por 75 mujeres y sus familias asentadas en El
Pozón (Cartagena, Bolívar); y ocho mujeres y sus familias en Bogotá en la
localidad de Ciudad Bolívar. La liga está en crecimiento y brinda asistencia,
asesoría y apoyo sicológico a las mujeres víctimas de desplazamiento forzado.
Las Mujeres de la Liga destacan la situación de
especial riesgo que actualmente enfrentan tres mujeres de su organización.[7]
Estas mujeres han sido víctimas de desplazamiento forzado y de violencia
sexual. Una de ellas tuvo que enfrentar el homicidio de su hijo. También han
recibido amenazas a través de panfletos y de otros medios contra ellas y sus
familias. A pesar de su situación de grave riesgo estas mujeres han seguido adelante con su
labor de liderazgo sin dejarse amedrentar.
El 18 de enero de 2012, la CIDH desglosó, una
medidas cautelares anteriores en curso y otorgó a la Liga de Mujeres
Desplazadas del Pozón y Bogotá, las medidas
cautelares de Referencia: MC-402-09, con el fin de continuar el
monitoreo específico de la situación de las tres mujeres cuya situación es de
particular gravedad. La CIDH manifestó a
la Liga la intención de ampliar las
medidas e incluir a 41 Mujeres
más en la lista de beneficiarias de dichas medidas, las cuales se encuentran en
este momento en proceso de documentación.
Amenazas
contra mujeres que buscan verdad, justicia y reparación
El 23 de enero, aproximadamente a las 3:40 de la
tarde, BLANCA NUBIA DIAZ, integrante del capítulo Bogotá del Movimiento
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –MOVICE, fue abordada por un carro
oscuro mientras caminaba por la calle 36, cerca de la Avenida Caracas en
Bogota. Una mujer se bajó del carro y le dijo que “la doctora Irene mandó a
decir que vaya con nosotros”. La señora Díaz le respondió que no conocía a
Irene, la mujer inmediatamente le contestó “súbase, cómo no la va a conocer si
ella lleva su caso”. La mujer jaló a la señora Díaz para que se subiera al
carro. Blanca Nubia empezó a gritar “auxilio”, frente a lo cual la mujer subió al carro y este se
fue.
Blanca Nubia Díaz ha sufrido en forma reiterada
una serie de amenazas por su lucha por la verdad, justicia y reparación en el
caso de su hija, Irina del Carmen Villero Díaz, asesinada por paramilitares en
el año 2001 y por su participación en el MOVICE. Todas estas agresiones se
encuentran en la más absoluta impunidad.
Amenazas
contra organizaciones de mujeres defensoras de derechos humanos
El hecho mas reciente contra mujeres y
organizaciones defensoras de derechos humanos ocurrió el día 28 de febrero de
este año. A través de una comunicación suscrita por el denominado grupo Águilas
Negras del Bloque Capital D.C y que fue dejada en un sobre en la sede de la
Corporación Casa de la Mujer, se reiteran graves amenazas en contra de
defensoras y defensores de derechos humanos así como, varias organizaciones,
entre ellas la Casa de Mujer.
“Pena de muerte a las perras guerrilleras de las
farc las cuales se oponen a las políticas de nuestro gobierno y que hacen
lavado de cerebro a desplazados haciéndose pasar por líderes defensores de
derechos humanos”[8]
De esta forma el mencionado grupo inicia su comunicado que en esta ocasión no
circuló por correo electrónico sino que fue enviada en un sobre a la sede de la
Casa de la Mujer. En el escrito referencia a Acnur, Ruta Pacífica, Fundhefem,
Arco Iris, Sisma Mujer, Afromupaz, Codhes, Movice, Pnud, Afrodes, Juntos por la
vida y marcha indígena, y a 15 personas que según este grupo subversivo “tienen
30 días para abandonar la ciudad”.[9]
Nuestras voces no se callarán ante las múltiples
formas de violencia contra las mujeres y defensoras de derechos humanos en el
país y de la impunidad que las encubre; nuestra solidaridad rodea a las
mujeres, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las
mujeres, a sus familias. Mantendremos firme nuestra denuncia frente a los
atropellos de todos los actores del conflicto armado y continuaremos exigiendo
al Estado colombiano que garantice los derechos a la verdad, justicia y a la
reparación para estas mujeres líderes y defensoras de derechos humanos.
Mantenemos vivo nuestro compromiso para que las mujeres podamos vivir una vida
libre de violencias.
Exigimos al Estado colombiano que garantice la
vida e integridad de las mujeres líderes en situación de desplazamiento y de
las mujeres defensoras de derechos humanos.
Exigimos a la justicia colombiana la investigación
y sanción de los responsables de estos hechos.
Exigimos al gobierno colombiano el cumplimiento
de sus compromisos con las mujeres defensoras y líderes de población desplazada
y el diseño e implementación del programa de prevención de la violencia contra
las mujeres defensoras y líderes de la población desplazada.
Exigimos a todos los grupos que participan en el
conflicto armado que respeten las normas del derecho humanitario y se abstengan
de realizar cualquier acto de agresión contra las mujeres, jóvenes y niñas en
Colombia.
Exigimos el cumplimiento de las recomendaciones
proferidas por los órganos internacionales de derechos humanos, para la
protección de las mujeres y solicitamos a dichas entidades mantener la
vigilancia constante sobre la situación de las mujeres en Colombia y realizar
todas las acciones pertinentes para la garantía del derecho a la no repetición
de las violaciones.
[1] Fuente: Mesa Mujer y
Conflicto Armado y CLADEM. Revisado: 08/03/12.
[2] ONU, documento,
A/HRC/13/22/Add.3
[3] Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, documento, A/HRC/13/72,Párr.23,en:http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/Informe2009_esp.pdf
[4] CIDH, “Informe Anual de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, 2010”, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 5 corr. 1, 7 de
marzo de 2011, Pág.442, en: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/indice2010.htm
[5]Comisión Colombiana de Juristas
(CCJ), ver listado en: http://www.coljuristas.org/documentos/cifras/cif_2011-11-08.html
[6] [5] Mesa Nacional de
seguimiento al Auto 092 de 2008. Balance de la implementación del Programa de
Promoción de la participación de la mujer desplazada y de prevención de la
violencia sociopolítica contra las mujeres
líderes de población desplazada; en el marco de las órdenes proferidas por la
honorable Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008 y siguientes. Bogotá,
marzo 30 de 2011.
[7] Ver al respecto: MC
1-10- 14 mujeres en situación de desplazamiento en Colombia, en:
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/cautelares.asp
[8] Mesa de Seguimiento al
Auto 092. Comentarios de la Mesa de Seguimiento al Auto 092 de 2008, a los
informes del Gobierno Nacional de Marzo 16, Julio 1 y noviembre 8 de 2011
[9] Cuyos nombres se omiten
por razones de seguridad.
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