Camila Vallejo compara a las universidades
privadas con lavado de dinero[1]
20/06/12
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| Camila Vallejo |
La líder estudiantil chilena Camila Vallejo
comparó hoy el lucro de las universidades privadas con el lavado de dinero, en
medio de una creciente polémica en su país sobre el tema.
“Aquí no hay delincuentes comunes, hay grandes
mercenarios de la educación y entre ellos hay autoridades de la misma coalición
gobernante. No puede ser que haya casos incluso que se asemejen a una especie
de lavado de dinero”, subrayó la dirigenta.
Vallejo, quien lideró una huelga de siete meses
en 2011 por educación pública gratuita y de calidad, hizo las afirmaciones
luego de que una comisión de diputados revelara cómo ocho universidades
privadas obtienen ganancias, a través de empresas ligadas.
“Esto debe fiscalizarse y sancionarse de manera
urgente”, sostuvo Vallejo.
A su vez, la diputada del Partido Regionalista
Independiente (PRI) Alejandra Sepúlveda criticó como presidenta de la comisión
ivestigadora las palabras del ministro de Educación, Harald Beyer.
El funcionario, quien restó importancia al
informe, señaló que la autoridad debía “actuar sobre la base de denuncias
serias y no sobre afirmaciones que muchas veces no tienen mucho sustento”.
En Chile, debido a una reforma instalada en la
dictadura del fallecido general Augusto Pinochet (1973-1990), toda la educación
superior es pagada, incluso en las universidades públicas.
La mitad de los hogares en Chile recibe ingresos
mensuales inferiores a los 800 dólares, pero la educación superior demanda
pagos por hasta 12.000 dólares anuales.
Como resultado, el sistema educacional ahonda
las diferencias sociales, según diversos estudios.
Las universidades privadas, que ampliaron
fuertemente la matrícula desde los años 1980, deben ser por ley instituciones
sin fines de lucro, lo que no fue respetado.
Los dueños de estas instituciones, entre ellos
parlamentarios, ministros y empresarios, crearon sociedades inmobiliarias que a
través del pago de arriendos retiraban sus ganancias.
Los estudiantes piden acabar con esas prácticas,
el respeto a la ley y que al menos las universidades públicas sean gratuitas,
demandas apoyadas por un 90 por ciento de la población, en sondeos.
(Con información de DPA)
